Videojuegos 2007: Acceder a violaciones de derechos humanos

1. Introducción

El software de entretenimiento se está convirtiendo en la oferta de ocio preferida por la población
española, especialmente entre adolescentes, sin que el Estado español asuma la responsabilidad
que le obliga a garantizar la máxima protección de los derechos de los menores de edad.

Según los datos de ADESE (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de
Entretenimiento), los videojuegos ocupan ya el 40% del total de consumo de ocio audiovisual en nuestro
país (situándose por delante de la taquilla de cine, la música grabada y las películas de vídeo). También
según datos de ADESE, relativos a 20052, aunque el mayor porcentaje de consumidores de videojuegos
se encuentra entre población adolescente y adulta, se percibe una presencia más intensa que en años
anteriores entre niños de 11 a 16 años (el 78% de los niños y niñas entre 11 y 16 años juegan con
videojuegos). Este dato se relaciona con las cifras proporcionadas por una encuesta del Instituto Nacional
de Estadística (INE) en 20063 que confirmaban el crecimiento progresivo durante los últimos años del
uso de ordenador por menores de edad entre los 10 y 14 años; la encuesta del INE de 20074 indica que
de todos los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años, el 60,4% dispone de algún tipo de
ordenador (3,2 puntos más que el año anterior y 8 puntos por encima del porcentaje de 2004). Una
tendencia que también se puede relacionar con el hecho de que 9 de los 10 de los videojuegos que
vendieron un mayor número de copias5 en 2006 eran clasificados para todos los públicos (con la
calificación PEGI 3+, que indica que son aptos para mayores de 3 años de edad).

A pesar de la obligación derivada de las normas internacionales de derechos humanos y derechos
de la infancia y adolescencia, el Gobierno español continua apostando por la autorregulación voluntaria
de las empresas del sector de los videojuegos, sin establecer normas de ámbito estatal que impidan el
acceso de los menores de edad a videojuegos clasificados para adultos o con contenidos que fomentan
valores contrarios a los derechos humanos. A lo largo de los informes publicados por Amnistía
Internacional desde 1999, la organización ha mostrado su preocupación por esta falta de una legislación
específica que garantice el control en el acceso de los y las menores a estos videojuegos en todo el
Estado español.

Las preocupaciones que motivaron los dos primeros informes de Amnistía Internacional relativos
a videojuegos y que fueron previos a la entrada en vigor del código de autorregulación actualmente en
vigor6 respondieron al compromiso de la organización con la eliminación de toda forma tortura y
discriminación, y con la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Aquellos dos primeros
informes daban la voz de alarma en torno a la comercialización de videojuegos y juguetes cuyos
contenidos aplauden con impunidad la tortura, la discriminación sexual o racial, las matanzas o las
ejecuciones, todas ellas prácticas contrarias a los valores que fomentan los instrumentos internacionales
de protección a los derechos humanos y que, cuando se producen entre adultos, son castigadas por la
legislación española.

Informe  - 280.6 KB

Informe
21 páginas

Amnistía Internacional

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