Una educación en continua reforma

El País

Más de siete millones de alumnos de infantil a bachillerato y FP empiezan un nuevo curso. Lo hacen en un contexto de transición, en el que comienzan a aplicarse en 1º y 2º de primaria y 1º y 3º de secundaria los nuevos contenidos y asignaturas de la ley educativa LOE, incluida la polémica materia de Educación para la Ciudadanía. La reforma no se completará hasta 2011, pero si el PP gana las elecciones el próximo mes de marzo, ha prometido nuevos cambios: para empezar, eliminar la materia de Ciudadanía. Por su parte el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, responde a los que llaman a la objeción de conciencia que los centros que incumplan la ley pueden perder los fondos públicos.

Los contenidos de la nueva ley de educación (LOE) empiezan a aplicarse este año. Lo harán, gradualmente hasta 2011, empezando este curso en 1º y 2º de primaria y en 1º y 3º de secundaria. En los próximos días, algo más de siete millones de alumnos de infantil, primaria, secundaria y formación profesional (cifra del año pasado) comenzarán de nuevo las clases en un contexto de reforma de la mano de una ley que nació con polémica en su tramitación. Pero una polémica que se fue agotando y acotando poco a poco hasta derivar en lo que queda hoy: el rechazo frontal por parte de aquellos sectores que se opusieron a la ley (Conferencia Episcopal, Confederación católica de padres o la patronal de colegios privados CECE) a la nueva materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Quizá la pelea en torno a esta materia -que ocupará, en horas lectivas, el 2% de toda la enseñanza obligatoria- está tapando el resto de la reforma que, aunque sin cambios profundos en lo que había hasta ahora, trae nuevos libros de texto, nuevas normas para pasar de curso (ahora se podrá hacer, excepcionalmente, con tres suspensos), o medidas de fomento de la lectura y de adelanto de la enseñanza de inglés o de atención a la diversidad.

Unas iniciativas que en los próximos años tendrán que demostrar si sirven para acabar con los problemas de la educación española. Por ejemplo, un fracaso escolar (los chicos que no obtienen la educación obligatoria a la edad establecida) del 30%, un abandono educativo temprano (los que no siguen estudiando después de la obligatoria) del 29,1% o los más que mediocres resultados en las comparativas internacionales, como el estudio Pisa.

Pero todo eso lo demostrará o no si le da tiempo, ya que las reformas educativas necesitan muchos años para ser evaluadas, y el PP ya ha anunciado que si gana las próximas elecciones de marzo volverá a cambiar las cosas, empezando por la eliminación de la materia de Ciudadanía. Han prometido “todas las medidas y reformas orientadas a mejorar la calidad del sistema educativo, ensanchar la libertad de las familias en lugar de obstaculizarla y reforzar una verdadera equidad mediante el fortalecimiento del principio de igualdad de oportunidades y el impulso de la cohesión social”, dice un documento de compromisos del PP.

Hay que recordar que la LOE llegó, entre otras cosas, para de detener los cambios más polémicos de la anterior ley, la LOCE aprobada en 2001 durante el Gobierno del PP, y apenas llegó a la práctica porque lo primero que hizo el PSOE al llegar en 2004 fue paralizar su aplicación. Un mareo, porque la LOCE llegaba cuando apenas llevaba dos años completamente implantada la anterior ley del PSOE, la LOGSE.

Colectivos de muy distinto signo se han venido quejando de que estos continuos vaivenes dificultan enormemente el trabajo de los profesores para intentar solucionar esos males del sistema español. ¿Es imposible un pacto de Estado por la Educación? De momento, parece que sí. Pero la situación el próximo mes de marzo, ante una hipotética nueva reforma es bastante distinta de la que había cuando se paralizó la LOCE, cuyos currículos y los cambios de diseño (la alternativa obligatoria a religión, los tan criticados itinerarios o la reválida al final del bachillerato), nunca llegaron a entrar en vigor.

En esta ocasión, una hipotética marcha atrás sería más complicada, asegura el secretario general de Educación, Alejandro Tiana. “Yo creo que no sería posible. Para eliminar Educación para la Ciudadanía tendrían que reformar la ley, y para reformar los contenidos, nuevos decretos”. Eso lleva tiempo, continúa, y mientras tanto, sería muy complicado paralizar la puesta en funcionamiento de la LOE porque las leyes anteriores ya están derogadas, asegura.

Mientras tanto, la vida real de las aulas comienza un año más para siete millones de chavales, buena parte de ellos, casi el 9%, inmigrantes. Como cada curso, los escolares de infantil y primaria son los primeros que se incorporan a las aulas. Canarios, valencianos y riojanos ya empezaron la semana pasada. Y esta semana comienzan en el resto de comunidades excepto Andalucía, que comienza el próximo lunes. En secundaria, las fechas de inicio de curso varían entre el día 10 y el 19 de septiembre.

Y 613.000 profesores también han comenzado el curso con nuevas asignaturas, nuevos criterios para pasar de curso, con la recuperación de la alternativa a religión en secundaria y trabajando a destajo y a salto de mata porque la normativa de las comunidades autónomas, la que tenía que concretar la LOE, “ha llegado en general, muy tarde”, se queja José Antonio Martínez, presidente de la Asociación de directores de centros públicos Fedadi. En muchos casos, como en Madrid o Andalucía, ha llegado en agosto, asegura.

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