Otra hoja de ruta para los “sin título”

La nueva Ley de Educación refuerza la certificación de los Programas de Garantía Social creados contra el fracaso escolar

Fuente: El País/ Valencia
EL PAÍS – 13-03-2006

En febrero, de 208.153 parados, 37.290 no tienen estudios básicos o los tienen incompletos. La comarca del Alto Palancia cuenta con 27 pueblos, con una población que oscila entre los 100 y los más de 1.500 habitantes. Se trata de una población muy envejecida con alto índice de inmigración del Este de Europa, Latinoamérica y los países del África del Este, en una zona con escasa actividad industrial. Para educarse los jóvenes de esta comarca tienen que hacer cada día “mucho viaje” antes empezar su jornada educativa en uno de los tres institutos que hay en Segorbe y en Viver. De manera que los adolescentes que buscan otras salidas educativas -o que simplemente fracasan dentro del propio sistema educativo sin acabar la Secundaria Obligatoria- encuentran en los Programas de Garantía Social (PGS) opciones socioformativas más ilusionantes que les permite obtener al final la ansiada inserción laboral en los talleres o empresas locales e incluso retornar el sistema educativo. Esta es la característica que ofrece el centro formativo municipal de La Glorieta en Segorbe con 10 años de experiencia en la implantación de los PGS y una singularidad: que los jóvenes comparten instalaciones, material, recursos y docentes con los de la Escuela Oficial de Idiomas, la Escuela de Formación de Adultos, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la sede de la Universitat Jaume I.

Tres son los perfiles de alumnado: los alumnos procedentes de familias de clase media-baja con dificultad de control; los alumnos con necesidades educativas especiales (disminuidos psíquicos y físicos); y los procedentes de colegios tutelados de menores, con lo que la concentración de los PGS en el mismo centro que el resto de programas formativos es, más bien, un aliciente positivo. “Los alumnos comparten todas las instalaciones durante el curso con la población adulta, lo cual enriquece y favorece la labor integradora que se lleva a cabo con ellos”, explica el equipo docente de PGS de La Glorieta, que añade que esta concentración de instituciones en un edificio favorece “la motivación para que al término de los cursos se planteen el acceso a Ciclos Formativos de FP, la obtención del Graduado en Secundaria, o cursar ofimática o idiomas”.

“Se puede decir que es en 1996, con la consolidación progresiva de la LOGSE, cuando se generalizan los PGS que habían sido implantados experimentalmente dos años antes”, recuerda el Director General de Enseñanza, Josep María Felip i Monlleó. Desde su inicio en la Comunidad Valenciana, la Garantía Social ha estado tutelada por las consejerías de Empleo y Educación -a diferencia del resto de comunidades autónomas donde se imparten básicamente en institutos- lo que dificulta saber el número de matriculados en entidades sin ánimo de lucro, centros privados, y centros municipales como ocurre aquí. Según los datos aportados por Felip en el informe 10 años de Programas de Garantía Social, la oferta de ambas consejerías en una década pasó de 94 programas a 303 programas 2004, curso en el que se alcanzó el máximo de 3.800 alumnos.

En la actualidad, Empleo financia 139 programas a través de entidades o ayuntamientos con un presupuesto de 5,7 millones. Mientras que Educación sufraga con 6,08 millones otros 109 cursos en institutos públicos y centros de educación especial. La matrícula, según fuentes oficiales, ronda los 2.600 alumnos. Una cifra que los expertos del equipo de investigación IDELAB de la Universitat de València, como Fernando Marhuenda y Almudena Navas, consideran aún insuficiente. Máxime si se tiene en cuenta que la Comunidad Valenciana figura en el sexto puesto nacional por abandono escolar (32,7%), cuando la media está en el 28,7% y en el País Vasco, Navarra y Madrid baja al 15% y 18,6%.

Los datos empeoran si se atiende a la Encuesta de Población Activa (EPA) que -como ya ha alertado Vicente Luis Codoñer, asesor técnico pedagógico para los PGS de la Consejería de Educación- revela que el porcentaje de mayores de 16 años sin titulación en España había alcanzado en septiembre de 2004 al 38% de la población. Una cifra que, al parecer, se consolida, según los datos de paro valencianos de febrero pasado, que ratifican que de 208.153 parados que hay, 37.290 no tienen estudios primarios o los tienen incompletos o sólo cuentan con algún programa de formación sin cualificación.

Otras experiencias, también decanas en entidades sin ánimo de lucro como, por ejemplo, el centro de la Cruz Roja de Alicante, o las Escuelas Profesionales Luis Amigó de Godella, confirman que la media porcentual de inserción profesional de los adolescentes que siguieron un PGS alcanza el 70%, al tiempo que otro 20% consigue su reincorporación al sistema educativo (fundamentalmente a la FP) lo que demuestra que -gracias a su “flexibilidad organizativa” y “variedad formativa”- se han convertido en un instrumento útil para los jóvenes de 16 y 24 años sin escolarizar y que otra hoja de ruta para los “sin título” es posible. Así lo ratifica el éxito en la inserción laboral de los jóvenes que tienen los PGS en la comarca de La Serranía, por ejemplo, donde el instituto público de Villar del Arzobispo actúa desde hace 10 años como catalizador en 18 pueblos de la comarca para aquellos jóvenes que abandonan el sistema educativo temprano.

Discapacitados con contrato

A. M. T. tiene un grado de minusvalía del 86%. Padece paraplejia por miolmeningocelele medular, discapacidad del sistema neuromuscular y retraso mental ligero por encefalopatía. Con 16 años y 8 meses presenta una edad equivalente a 8 años y 4 meses. En 1999-2000 cursó un PGS en el Projecte Trèvol de Ontinyent especializado desde hace 10 años en la integración laboral de personas con discapacidad psíquica en la Mancomunidad de Municipios de La Vall d’Albaida. Tras cursar el PGS, superó 8 meses de prácticas en una empresa, en sustitución de una empleada de la confección que tenía como misión crear etiquetas con ordenador, para su posterior colocación y distribución en la cadena de producción.

El curso se centró en mejorar su lecto-escritura, reducir su timidez para pedir ayuda, lograr la plena utilización de sus dos manos al unísono en la ejecución de tareas y lograr la escritura a máquina. Posteriormente, para que A. M. T. pudiera realizar la tarea de etiquetado hubo que realizar dos adaptaciones en su trabajo: unas tijeras para zurdos y una silla alta, que le permitiera estar sentado mientras realizaba su trabajo en una mesa más alta que las convencionales.

A. M. T. llegó además a realizar tareas de recortar fotos y realizar carnets “con un alto nivel de responsabilidad y autoexigencia” pese a su problema de psicomotricidad, aunque para ello hubiera que proporcionarle unas plantillas de metacrilato para que recortara encima de ellas. En cinco años, su curriculo profesional le ha permitido pasar de Auxiliar de confección con prácticas en formación, prórroga y contrato a Auxiliar de Biblioteca Municipal, con prórroga y ampliación de jornada.

Apuesta europea

Los recursos asignados a España por el Fondo Social Europeo en el periodo 2000-2006 ascienden a 11.916 millones de euros, de los cuales 476,5 millones corresponden a la Comunidad Valenciana (lo que la convierte en la segunda mayor receptora sólo por detrás de Andalucía que duplica la cifra valenciana).

La economía española sigue las directrices internacionales y, por tanto, sus recomendaciones concretas, y “desde 1999 las Directrices para el Empleo de la Unión Europea subrayan que las funciones sociales de la educación y la formación son reincorporar a más personas en el mundo del trabajo y garantizar la igualdad de oportunidades” especifican los profesores de la Universitat de València, Almudena Navas, Ignacio Martínez y Lucía Gómez, en su investigación Mercado y Educación incluida en un amplio estudio publicado por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) bajo el epígrafe Identidades y formación para el trabajo en los márgenes del sistema educativo. Es por ello que esos objetivos se incorporaron al Plan de Acción para el Empleo de España 2003-2005, donde la Garantía Social cobra un peso relevante.

Tan es así, citan los autores, que “en su séptima directriz especifica las actuaciones concretas para promover la integración de las personas desfavorecidas al mercado laboral” haciendo especial hincapié en “los jóvenes que abandonan prematuramente el sistema escolar”. Una tasa que alcanza el 32% en la red educativa valenciana. Es decir, que Europa paga para dar una segunda oportunidad a los jóvenes que la necesitan.

Por Neus Caballer

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