Mediación contra el acoso escolar. El nuevo decreto de derechos y deberes del alumnado de la Generalitat fomenta el pacto frente a la sanción

El fomento de la mediación escolar como proceso educativo en la gestión de conflictos, y como paso previo al régimen disciplinario y las sanciones, es una de las principales novedades del proyecto de decreto de derechos y deberes de los alumnos y regulación de la convivencia de los centros docentes no universitarios, que ha elaborado la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya y al que La Vanguardia ha tenido acceso. Fete-UGT estima que las medidas son insuficientes y denuncia que Educació ha incumplido su palabra y que no ha negociado el texto con los sindicatos.


En un momento de preocupación por el incremento de la violencia en las aulas y los casos de acoso escolar (o bullying), el proyecto de decreto aborda los conflictos de convivencia en los centros a partir de la mediación y no de la sanción. Como paso previo, durante el curso que ahora se acaba, Educació ha puesto en marcha en 20 centros de primaria y varios concertados el programa Convivencia y Mediación, que ya funcionaba en más de un centenar de institutos de secundaria (IES). Para el curso próximo se prevé extender a más centros.

En el proyecto de decreto, al que ha tenido acceso La Vanguardia, se define la mediación como “método de resolución de conflictos mediante la intervención de una tercera persona, con formación específica e imparcial, con el objetivo de ayudar a las partes a obtener por ellas mismas un acuerdo satisfactorio”. La mediación, que no será un paso obligatorio en la resolución de problemas, podrá utilizarse “como estrategia preventiva en la gestión de conflictos entre miembros de la comunidad escolar, que no están necesariamente tipificados como conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia del centro”. También podrá ofrecerse como estrategia de reconciliación, tras la aplicación de una medida correctora o una sanción, para restablecer la confianza entre los protagonistas del conflicto y dar respuestas para evitar otras situaciones problemáticas.

El decreto prevé que cada centro pueda tener una comisión de convivencia, compuesta por igual número de docentes que de padres/madres elegidos entre los miembros del consell escolar del centro, y el director o directora del mismo. También se introduce, dentro del apartado Derecho a la integridad y dignidad personal del alumnado, que éste “tiene derecho a la protección contra toda agresión física, emocional o moral”, en referencia clara a los casos de bullying.

El proyecto, que ya ha pasado por el Consell Escolar y que ahora está en fase de exposición pública, sustituirá al aprobado en 1997, que experimentó pequeñas modificaciones en el año 2000. La intención de Educació es que el decreto esté aprobado, como muy tarde, en octubre. La nueva redacción incorpora asimismo las prescripciones de la ley contra la violencia de género.

El nuevo decreto se adecúa a lo establecido en la ley de Calidad Educativa (LOCE), que en este apartado no fue derogada. Basándóse en la LOCE, pues, el director o directora de un centro educativo pasará a ser el responsable de sancionar a los alumnos/as que incumplan las normas o cometan faltas susceptibles de ser sancionadas. En el anterior decreto era el Consell Escolar el que imponía sanciones. Asimismo se agiliza, aunque no en exceso, el proceso sancionador.

El texto regula la inasistencia a clase a partir de secundaria, ya que se señala que ésta no tendrá consideración de falta si el consejo escolar determina que está motivada por razones generales “previa comunicación de los delegados/as a la dirección del centro”. Otro de los artículos novedosos en el nuevo decreto, aún proyecto, es el derecho y el deber que tienen todos los alumnos de conocer las instituciones europeas, la Constitución española y el Estatut d’Autonomia.

Una vez aprobado, estas normas son de aplicación a centros públicos y concertados. Los privados tienen autonomía para establecer sus reglas de derechos y deberes, si bien el marco general son las medidas de régimen disciplinario de este decreto

Los sindicatos consideran que las medidas son insuficientes

Sindicatos y directores y directoras de centros públicos consideran que el texto es demasiado continuista y que no solventará los problemas que tienen los centros. Las cuestiones de convivencia y de violencia entre iguales, también denominado bullying, durante años mantenidas en silencio y que por desgracia afloraron con más virulencia a raíz del suicidio de un adolescente en Hondarribia a consecuencia del supuesto acoso al que era sometido por un grupo de compañeros del instituto, han empezado a abordarse con mayor diligencia y seriedad en este último curso. Directores de centros públicos consultados por este diario, y que prefieren mantenerse en el anonimato, señalan que no todos los casos de bullying que se denuncian suelen ser ciertos, “algunos esconden otras alteraciones de conducta de los niños o niñas que dicen estar sometidos a una situación de acoso”, como el caso de un chaval que se inventó un situación de conflicto con sus compañeros para evitar que le castigaran por haber sustraído unas golosinas del supermercado cercano a su instituto.

En cualquier caso, sindicatos y directores hablan de un decreto “demasiado continuista” y argumentan que la mediación “es insuficente para solventar los problemas de convivencia en los centros, situaciones que condicionan las condiciones de trabajo de los docentes”. La opinión más compartida es que “hace falta un nuevo decreto que dé soluciones de verdad a los problemas que tienen los centros”. David Medina, de Fete-UGT estima que Educació debería habérselo pensado más antes de sacarlo a la luz, y expresa su irritación porque “Educació ha incumplido de nuevo su palabra, ya que no ha negociado el texto con los sindicatos”.

Fuente: La Vanguardia


Los retos de la educación en Catalunya

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *