Manifiesto de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid frente al acoso de la escuela pública

Comunicado en el que se analiza la situación de la escuela pública en la actualidad y las perspectivas con la nueva ley. El Movimiento de Renovación Pedagógica de Madrid pide al gobierno que no solo escuche las voces de los sectores conservadores y defienda los valores de la escuela pública.


Como miembros del Movimiento de Renovación Pedagógica “Acción Educativa” y como profesionales de la Educación queremos responder a las declaraciones que durante este fin de semana han realizando distintos miembros del Partido Popular, entre ellos la señora Ana Pastor, en los distintos medios de comunicación, así como al acoso al que está siendo sometida la Escuela Pública. De nuevo, se centra el debate de la Ley de Educación en el terreno de la derecha, con muy poca contestación de otros sectores también implicados. La situación aparece como si por un lado estuviese el Gobierno y por el otro quienes ayer salieron a manifestarse por la calles de Madrid. Sin embargo, existe “otro clamor” más dialogante y menos montaraz, que el sábado 12 no salió a la calle, otros y otras profesionales de la educación, otras familias y otros ciudadanos y ciudadanas en general que opinan que la finalidad de mejorar la educación de la LOE se va a quedar en el intento, que no están de acuerdo con la tibieza de la ley ni con la del Gobierno, y que reivindican justo lo contrario de lo que solicitan quienes se manifestaron.

En relación con los conciertos, la Señora Pastor falta a la verdad en sus manifestaciones, pues ha venido haciendo referencia al artículo 15 de la Ley que, según ella, recorta la libertad de elección de las familias, al hacerlo de la figura de los conciertos. En él (“Oferta de plazas y gratuidad”) puede apreciarse que sólo se hace referencia a la Educación Infantil y el texto que esgrime no se corresponde con la redacción real. Por otro lado, en él no aparece nada que ponga en peligro sus deseados conciertos, más bien al contrario, crea el espacio para que se den y mantengan con instituciones y entidades de cualquier tipo, pues ni siquiera se establece que sean educativas.

En relación con la religión tampoco se pierde nada respecto a la situación LOGSE: otra de las mentiras que barajan de continuo y que aparecen una y otra vez como excusas que disfrazan el afán de poder de la derecha y de la Iglesia, que no es otro que el meramente ideológico y el económico.

Por otro lado, la situación del Sistema educativo actual responde a la conjunción de muchas variables que algunos pretenden no considerar. En todo caso, una de las más importantes fue que un partido, el Popular, hubiera de poner en marcha gran parte de una Ley (LOGSE 1990) contra la que votó, habiendo hecho lo imposible para que fracasara (recortes en presupuestos, disminución de recursos, formación de profesorado cada vez más restringida, apoyo sistemático a la concertación, en especial de centros religiosos, aumento en la masificación de los centros, formación de guetos de inmigración en la pública, disminución de los programas compensatorios, etc. etc.). Han estado en el poder durante 8 años y los resultados de informes internacionales han evidenciado el empeoramiento de la situación educativa, de la que ellos son directamente responsables en una enorme medida: hay que decirlo alto y claro.

En Acción Educativa también criticamos esta futura Ley LOE, pero lo hacemos desde una posición constructiva (ahí están nuestros documentos de aportaciones a los sucesivas propuestas que ha ido ofreciendo el Ministerio) y por motivos que se encuentran en oposición directa a los que dieron lugar a la manifestación del sábado en Madrid.

Entendemos que las presiones partidistas, en especial de la derecha y de la Iglesia, y a pesar de los intentos de conciliación del Gobierno, están poniendo el debate en un terreno que no es más que una cortina de humo que pretende ocultar los motivos auténticos que hay detrás; la defensa de intereses económicos y de exclusión social.

Ante tanto desajuste en el debate, nos sentimos en la necesidad de poner algunos ejemplos que evidencian las concesiones realizadas por esta Ley a la Escuela concertada, concesiones que van a atentar, aún más si cabe, contra la que debiera ser de todos y todas, la Escuela Pública. Concesiones de una ley (LOE) que van a suponer dejar con las manos aún más libres a las Comunidades regentadas por el PP en su ataque sistemático a la misma.

Y es que en esta ley, quizá como parte de la conciliación y no sabemos hasta qué punto como producto del propio criterio de los partidos que están o sostienen al Gobierno actual, no defiende la Escuela Pública en la medida que ésta lo precisa, a pesar de sus progresos evidentes frente a la propuesta que nos hacía la LOCE (2002). Mientras tanto la Escuela Concertada no deja de progresar, ella sí, gracias a los beneficios que obtiene a costa de aquélla. Algunos ejemplos sangrantes pueden evidenciar estas afirmaciones:

1 Los derechos y ventajas proporcionados por el Concordato con el Vaticano a la confesión católica en materia educativa no han hecho sino avanzar respecto al marco que establecieron la LODE (1985) y la LOGSE (Proyecto de LOE, Disposición Adicional segunda). Las reivindicaciones de los movimientos laicos no han sido recogidas en la propuesta gubernamental, que ha constituido una respuesta decepcionante. Respuesta que, por otro lado, no ha contentado a una Iglesia insaciable que reivindica los privilegios ideológico-económicos que quería establecer la LOCE; en realidad una confesionalidad educativa enmascarada, ni siquiera soñada en tiempos del franquismo.
Y es que ceder ante las exigencias de estos grupos es hacerlo frente a los mencionados sectores de la escuela concertada. Una escuela que, en la Comunidad de Madrid, ya se está concertando antes siquiera de que estén construidos los centros; sin que se tome en consideración que esos terrenos públicos que se están cediendo debieran ser para los Centros Públicos que se precisan.

2 A pesar de las declaraciones en favor del carácter educativo de la etapa de infantil (0-6), esta Ley permite que cualquier Administración Pública (lo que implica que puedan no ser educativas), organice la oferta de plazas en el primer nivel (0-3) de la misma (preámbulo y artículo. 15), pudiéndose establecer conciertos con cualquier institución. En el tramo 3-6 y en el resto de etapas esto es responsabilidad exclusiva de las Administraciones Educativas. Es decir, todo un logro para la privada-concertada, a pesar de sus hipócritas protestas, que está viendo la posibilidad de ver subvencionados las múltiples guarderías surgidas al amparo de una demanda que no ha visto en la Administración pública una respuesta a sus necesidades.

Esto se complementa con que, en este mismo nivel de 0-3), no hay un reconocimiento de la necesidad de establecer un currículo cualitativamente comparable al del ciclo 3-6 (A. 14), sus profesionales pueden ser, tan sólo, “debidamente cualificados” (A.92.1) sin que concurra la especificación concreta y exclusiva que se establece en otras etapas; incluso se les ha retirado la responsabilidad pedagógica de planificar su propio trabajo (A.92.1).

La Concertada se frota las manos porque estas decisiones les permiten contratar por menos dinero a personal de menor cualificación, dependiente de la línea del titular que se le marque, y al que no se va a exigir más que “atender a los niños y niñas de 0-3”: la aspiración de la LOCE.

Toda la normativa sobre organización, autonomía pedagógica, mínimos espaciales y tiempos de permanencia en el centro será adaptada a las necesidades que corresponda en los “conciertos singulares” (no definidos en ningún apartado de la ley y nombrados, entre otros, en el artículo 116), “centro singulares” (tampoco definidos) y, específicamente, en los centros 0-3 (artículos 118.7/ 134.2). La privada se ha frotado las manos pues cada caso se discutirá en cada momento sin que haya una normativa general que obligue.

Todo ello constituye la respuesta gubernamental a las necesidades socio-afectivas, físicas y cognitivas de una edad que supone la base de la vida, en la que “no saben protestar” por las injusticias que reciben, pero que luego tiene grandes consecuencias a medida que van creciendo. Algunas de las negativas (descentramiento, conductas asociales …) se quieren después atajar con medios coercitivos amparados por una sociedad que no analiza las causas que provocaron los actuales conflictos.

3 Esta Ley mantiene que los Claustros de los colegios concertados tengan funciones “análogas” a las de los públicos, que no idénticas (Disposición Adicional 17) y que, en la Admisión de alumnos, el procedimiento sea también “análogo” (A. 84.7). Cuando lo análogo no queda definido el peligro de diferenciación y la desigualdad aparece. En todo caso es una concesión a la privada-concertada que ”podrá no regirse” por esquemas “iguales”.

4 En la futura LOE se permite que los titulares de los centros puedan proponer al Consejo Escolar, para su aprobación, “valores, objetivos y prioridades de actuación” (Artículo 121.1), lo que representa un medio de presión extraordinaria por parte del titular a dicho Órgano, pues es quien contrata a los profesionales representados en el Consejo Escolar y tiene mucha más influencia sobre los padres, también representados en él, en la Escuela Concertada que en la Pública.

5 En esta Ley, a pesar de las medidas de apoyo a la mujer se sigue sin incorporar la prohibición de discriminar en razón de sexo a la hora de la escolarización (A. 84.3) propiciándose con ello la reaparición, ya actual, de colegios concertados diferenciados por sexo. Esta discriminación, que en los inicios de los conciertos, impedía su concesión, se aplica hoy en la Comunidad de Madrid: la vieja aspiración de la derecha ha sido lograda.

6 Los Recursos contemplados en el artículo 72 para garantizar la “equidad” en la Educación no consideran unos mínimos de concreción que permitan saber con qué podemos contar en realidad en la Escuela Pública. Sin embargo, si se especifica que, en todo caso, serán los “mismos” para los centros públicos que para los privados concertados (A. 72.2). Es curioso que en esta ocasión no se hable de analogía sino de identidad.

Otros grupos de medidas, que no pueden ser consideradas precisamente sociales, están en la línea de lo que se marcaba en la LOCE, con lo que la pretendida equidad, expresada en el preámbulo de la LOE, va a tener muchos “agujeros” que pueden convertirse en “negros”, además del planteado para infantil, como está ocurriendo en Francia. Por ejemplo:

-  Se han desechado las modificaciones previstas, en el Anteproyecto LOE (Disposición Final 2ª), a la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, para que pudiesen continuar los estudios de la Educación Secundaria no obligatoria y acceder a Becas y ayudas en iguales condiciones que los españoles. Después de los resultados de malas políticas de integración que estamos viendo en Francia no parece que este tipo de decisiones de exclusión sean las más acertadas como prevención primaria de problemas de integración.

-  Otro grupo desfavorecido, aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas, ha visto, entre otras cosas, cómo se diluyen los equipos de orientación e intervención psicopedagógica que debían apoyarlos (Artículo 74.2), incluyéndose de nuevo a los profesionales que atiendan a estos alumnos y alumnas bajo el paraguas inespecífico de la “debida cualificación”.

-  Se han restablecido muchos de los privilegios del Cuerpo de Catedráticos (Disposición Adicional 8ª), una de las aspiraciones LOCE encaminadas a jerarquizar cada vez más a los profesionales de la educación, desde los “debidamente cualificados” de 0-3 años, a los “concretamente definidos” de los niveles superiores. La Justicia igualitaria que supone la aspiración del Cuerpo Único está cada vez más lejos.

Estas y otras reflexiones nos parecen un meridiano ejemplo de los terrenos en los que debiera situarse el debate educativo, además de estarlo también en otros centrales como la pérdida de las cotas alcanzadas en independencia y autonomía organizativa de los centros con la LODE, el ajuste entre el mercado laboral y la Formación Profesional, o el grado de adecuación de las medidas demandadas por la derecha para resolver el fracaso escolar. Si, por ejemplo, nos situamos en este último punto, podemos apreciar que las que se esgrimen como medidas para resolverlo están en las antípodas de las llevadas a cabo por los países que, como Finlandia, han ocupado puestos punteros en el Informe Pisa y en otros informes de ámbito supranacional. ¿Por qué no se sitúa el debate en el análisis de las estrategias acertadas de estos países y se comparan con las que aquí se defienden como las únicas posibles? Por ejemplo, la tan demandada repetición de curso prácticamente no existe en Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda o Japón por considerarse, experimentalmente, una medida contraproducente y costosa que evidencia el fracaso del sistema en general y del colegio en particular. Otra muestra la prohibición en Finlandia, desde las Reformas Educativas de 1985, de crear, los aquí defendidos, grupos de aprendizaje flexible, o grupos de nivel, por considerarlos ineficaces y contrarios a los principios educativos de su Sistema. Frente a ello, en este país consideran la diferencia como un valor que el Estado ha de rentabilizar proporcionando a los profesionales de la educación, que se encuentran entre los mejor remunerados y considerados socialmente, los recursos precisos para que se desarrolle en el aula un aprendizaje cooperativo, en el que todos y todas sean responsables del resto y donde el aprendizaje se convierta en una meta solidaria de la que la competitividad está desterrada. ¿En qué se parecen estos criterios de calidad a los que se demandan desde el PP o incluso a muchos de los que, suavizados, se han arbitrado en la LOE como estrategias para resolver el temido fracaso escolar?

A pesar de los avances del actual proyecto de ley respecto a la involución que representó la LOCE, la Escuela Pública y todo lo que representa está en serio peligro y hay demasiados intereses empeñados en acorralarla y enterrarla.

Tan sólo el compromiso público y explícito de los sectores y personalidades representativas que la defendemos, que debiera ser al menos tan reiterado y sistemático como lo está desarrollando la derecha, podrían contrarrestar esta inmensa campaña de acoso, y recordarle al Gobierno que no sólo ha de preocuparse de pactar con esos sectores o con grupos que le apoyen en el poder, que estamos hablando de educación: una prioridad expresada en la campaña electoral que no está respondiendo a las expectativas que despertaron las declaraciones realizadas.

FEDERACIÓN DE MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA DE MADRID

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