Educación para la Ciudadanía, objeción de conciencia y jurisprudencia

Utilizar una sentencia recurrida del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, RCA 787/2007, como justificación para que los objetores de Educación para la Ciudadanía en la Comunidad de Madrid o cualquier otra queden exentos o no cursen esta materia, es, simplemente, un ¡disparate jurídico!

El art. 404 del Código Penal, establece textualmente: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.

El art. 1 del Código Civil, establece en primer lugar, como fuente del ordenamiento jurídico español, la ley.

En su apartado 1º. 6 dice que la jurisprudencia completará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley.

Cualquier iniciado en el mundo del derecho o de sus primeros cursos conoce y distingue entre la denominada “jurisprudencia menor”, de los TTSSJJ, y la realmente conocida como “jurisprudencia” que es la que dimana del Tribunal Supremo.

La Constitución Española (CE), concretamente en su art. 27.2 dice:”La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Ésta es la base constitucional que sirve de soporte a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, arts. 18.3; 24.3 y 34.6, que algunos grupos integristas de poder y de opinión pretenden “demonizar”, permite su materialización.

Destacamos que la referida materia educativa ocupa en el currículo escolar no más del 2% del total de las materias que se imparten a lo largo de todas las enseñanzas anteriores a la Universidad.

La CE insta a una formación integral para el pleno desarrollo de la personalidad humana, y la LOE establece unas materias concretas para ello. Esta sistematización de la formación en los conocimientos y en las actitudes de los ciudadanos es la labor encomendada a los trabajadores de la enseñanza, que será completada por el resto de la sociedad.

Dejemos que el Tribunal Supremo se pronuncie en el recurso presentado y, entre tanto, todos cumplamos la ley.

Joaquín Chávarri Andrés. Abogado de Enseñanza-UGT.
Artículo Publicado en ’Escuela’

Por Joaquín Chávarri

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