Argentina. El desafío de hacer la educación del siglo XXI

Desde comienzos de los 90, el sistema de educación en la Argentina está escalonado en tres grandes niveles, que a su vez contiene ciclos: primero, el Nivel Inicial, segundo la Educación General Básica o EGB, que se divide en 3 ciclos (el ciclo 1 de 6 años que constituye la etapa de aprendizajes básicos de la lecto-escritura y matemática y los ciclos 2 y 3, cada uno de tres años, que conforman la educación secundaria post obligatoria) y tercero, el Nivel Superior universitario y no universitario.

En Argentina viven más de 13 millones de niños, niñas y adolescentes. Según datos oficiales del 2001 presentados por la Argentina en su Informe de País 2005 en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Educación General Básica 1 y 2 se registrarían tasas de escolarización prácticamente universales (98,1 por ciento) mientras que en el nivel 3 la tasa desciende casi en 20 puntos porcentuales (78,4 por ciento). Es en este último ciclo, tal como ocurre con el Nivel Inicial, donde la desigualdad entre las regiones geográficas del país adquiere mayor relevancia, alcanzando una diferencia porcentual de 25 puntos.

Las probabilidades de culminar la EGB de quienes residen en el Gran Buenos Aires (74,9 por ciento) son mucho más elevadas que las de aquellos que residen en las zonas más desfavorecidas como el noreste argentino (49,7 por ciento) o el noroeste (58,2 por ciento). La tasa de egreso de la EGB completa es del 65,7 por ciento, lo que muestra a las claras las dificultades del sistema educativo para retener con éxito a todos sus alumnos.

De los niños y niñas en edad escolar, casi el 10 por ciento no va a la escuela, mientras 245 mil estudiantes -es decir 2 de cada 10 jóvenes- abandonan la escuela secundaria.

Tomando la franja de jóvenes de 15 a 24 años, de cada 100, el 71 por ciento (lo que equivale a 2.234.644 jóvenes) está en situación educativa de riesgo, es decir, que tiene grandes probabilidades estadísticas de quedar marginado o excluido -de distintas maneras y en diferentes grados- de la vida social, política o económica según el nivel de educación formal alcanzado, en las actuales condiciones sociopolíticas y económicas impuestas.

Según datos del censo 2001 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), serían 3.486.358 las personas que no finalizaron el nivel primario (considerado como nivel obligatorio con anterioridad a la Ley Federal de Educación).

El porcentaje de analfabetos “puros” en la población de 10 años, según el mismo censo del INDEC, alcanza al 2,61 por ciento, lo que equivale a decir 767.027 personas.

Desde 1993, la educación pública en la Argentina estuvo regulada por la denominada Ley Federal de Educación, una ley que en términos políticos fue coherente con el modelo neoliberal imperante en la década del 90 y propició la destrucción progresiva del sistema de educación pública nacional.

Esta ley se puso en ejercicio como parte del paquete de medidas provenientes de los organismos internacionales de crédito -en especial del Banco Mundial- quien en un documento del año 1991 proponía la descentralización de la educación pública y el fomento de la escuela privada y el traslado de parte de la carga financiera de la educación del Estado a los beneficiarios, es decir a los estudiantes y sus familias.

La precarización de los edificios públicos, la desvalorización del trabajo docente, la escasez de presupuesto y los preocupantes índices de deserción escolar, iban de la mano de una escuela que debía formar mano de obra barata para un mercado de trabajo que se achicaba a medida que se abría la economía.

Hoy, 13 años después, el gobierno nacional -a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología- dio un gran paso adelante al proponer que esta ley sea discutida y reformulada. Pero la metodología y los plazos planteados desde el Ministerio de Educación generan malestar entre los sectores convocados y no propician el debate central en esta coyuntura: qué educación quiere la Argentina.

La posibilidad de debatir en torno a la educación nacional se presentó como una posibilidad esperanzadora para la ciudadanía en general y para las organizaciones sociales y gremiales que habían hallado al fin un espacio donde volcar sus inquietudes y necesidades.

“Sabemos que es en el campo de la educación donde se prefigura el futuro de los países y el bienestar de las futuras generaciones. Sólo una educación de excelente calidad para toda la población permitirá alcanzar los objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía democrática, que guían una estrategia de desarrollo sustentable”. Así se afirma al inicio del primero de los dos capítulos del documento de la nueva Ley Federal de Educación elaborado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología argentino y puesto a consideración de organizaciones, docentes y la ciudadanía en general.

El pasado 22 de mayo se firmó el decreto presidencial y se lanzó el debate preparatorio de la nueva Ley de Educación Nacional. Durante el resto del mes de mayo se desarrolló la fase de consultas a instituciones y especialistas, mientras en junio se procedió a poner en marcha el debate general, las encuestas de opinión y jornadas en escuelas, mientras en julio se sistematizaron los aportes y la información disponible. En agosto se llevará a cabo la primera redacción del proyecto de ley, que será puesta a consideración de instituciones y especialistas en una nueva fase de consultas durante el mes de septiembre. La redacción final y la elevación del proyecto de ley al Congreso de la Nación se proyecta para el mes de octubre.

Pero para diversos sectores de la sociedad civil organizada, esta posibilidad se enfrentó a muchos vicios ideológicos y metodológicos: entre otras críticas, se destacan la repetición textual de tramos enteros de la vieja Ley Federal de Educación en el nuevo documento y la pretensión del gobierno de resolver en el transcurso de 5 meses de debate una nueva ley que monte sobre sus espaldas trece años de destrucción sostenida de la escuela pública y redujo las perspectivas presentes y futuras de varias generaciones de chicos y chicas.

Por otra parte, el documento base que debía someterse a discusiones en las escuelas en jornadas institucionales no se dio a conocer por anticipado y fue distribuido básicamente a través de sistemas electrónicos, dejando fuera a quienes estuvieran excluídos de estos medios.

Financiación creciente

Otra medida gubernamental dispuesta recientemente que tiende a la reparación del sistema fue la sanción de la denominada Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), que establece la financiación creciente de la educación, la ciencia y la tecnología hasta alcanzar un equivalente al 6 por ciento del Producto Bruto Interno hacia el año 2010.

En la investigación “Nuevas leyes, viejos problemas en Educación de Jóvenes y Adultos”, sus autoras María Teresa Sirvent, Amanda Toubes, Sandra Llosa y Paula Topasso plantean que “el documento distribuido por el Ministerio de Educación (…) es un documento “atemporal”, es decir, su contenido parece haber sido escrito en un vacío de situación y tiempo histórico” puesto que el único dato cuantitativo que se señala como anclaje de realidad, se encuentra donde dice que “en los próximos años, además de garantizar la obligatoriedad escolar a las nuevas generaciones, deberemos enfrentar el desafío de educar a más de un millón de adultos que no lo hicieron en su niñez o juventud, lo cual justifica que las normas legales otorguen a este tema una atención particular”. Pero las investigadoras señalan que este único dato es confuso, erróneo e insuficiente para diagnosticar la gravedad de la situación de pobreza educativa de casi el 70 por ciento de la población joven y adulta que fue expulsada de la escuela.

Un relevamiento realizado por las carteras de Educación de todas las provincias revela que, hasta fines de julio, fueron 750 mil los docentes que participaron del debate por la nueva Ley de Educación, realizado en la mayoría de los 44 mil establecimientos educativos argentinos.

Para organizar el debate se propusieron diversas líneas de acción a las que debería orientarse la nueva ley: garantizar que todos tengan acceso y permanezcan en el sistema educativo; tender a una estructura unificada para todo el país; lograr la obligatoriedad de la educación secundaria; universalizar la educación inicial; ofrecer nuevas oportunidades para los que no completaron su escolaridad obligatoria; garantizar la igualdad en el acceso y permanencia para personas con necesidades especiales; asegurar la calidad e igualdad de aprendizajes; renovar periódicamente los contenidos; ofrecer una formación integral; recuperar la centralidad del aprendizaje; garantizar el acceso a una segunda lengua; garantizar el derecho a conocer y dominar las nuevas tecnologías de la información; fortalecer el rol educativo de los medios masivos de comunicación; promover una educación a distancia que supere las fronteras; ofrecer un canal de Televisión Educativa; poner el gobierno de la educación al servicio de los objetivos de calidad para todos y todas.

La cartera educativa nacional recibió hasta el momento los aportes de 300 organizaciones, incluyendo gremios docentes y del trabajo, universidades, estudiantes, empresarios, organizaciones religiosas, pueblos originarios, entidades de educación privada y organizaciones sociales que trabajan en el campo educativo- para la elaboración de la nueva ley. Entre otras entidades que se incorporaron al debate figuran la Unión Industrial Argentina, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, la Confederación General del Trabajo, comunidades aborígenes, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, Fundación del Viso, la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, la Confederación de Educadores Argentinos, la Unión Docentes Argentinos, el Gremio de Docentes Autoconvocados y el Consejo Superior de Educación Católica.

Por su parte, líderes religiosos católicos, judíos, musulmanes, evangélicos y ortodoxos reunidos en la Conferencia Episcopal Argentina hicieron entrega días atrás de un documento de diez puntos al ministro de Educación reclamando al funcionario que la nueva ley garantice la inclusión de los sectores más desfavorecidos.

Además, según cifras oficiales, fueron más de 50 mil los ciudadanos y ciudadanas que opinaron sobre el anteproyecto de la nueva Ley de Educación, respondiendo a un cuestionario disponible en puestos callejeros instalados en las principales ciudades del país.


*de Nodo Tau, Argentina
Por Flavia Fascendini

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