Anlisis de la Ley Integral contra la Violencia de Género desde el ámbito educativo

*Fotografía: Angeles Alvarez durante la manifestación ante el Congreso de Diputados reclamando la Ley Integral. 10 Septiembre 2002

Angeles Alvarez, miembro de la Red Feminista de Organizaciones contra la Violencia de Género y responsable del Programa de Violencia de Fundación Mujeres plantea los retos que para el profesorado tendrá esta nueva ley, recordando el problema de fondo: el sexismo que el sistema debe empezar a cuestionarse. La coeducación, opina Álvarez, es fundamental.

Este texto corresponde a su intervención en las Jornadas sobre la Ley Orgánica De medidas de protección integral contra la violencia de género organizadas por la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Junio 2005

INCLUIMOS AL FINAL DE LA INTERVENCIÓN EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA LEY


Cuando las organizaciones de mujeres hablamos de prevención de la violencia contra las mujeres lo hacemos partiendo de un marco conceptual que explica el origen y los factores clave que permiten y fomentan estas actitudes delictivas hacia las mujeres.

Y sabemos que el sexismo juega un papel determinante ya que es precisamente el sexismo una discriminación que atenta contra la integridad de las personas de uno u otro sexo biológico al imponer y asignar determinados modelos.

En las intervenciones y estrategias para frenar la violencia de género hasta el momento no se han puesto en marcha medidas sostenidas de largo alcance que actúen sobre el conjunto de la población y contra la variable que la etiología de la violencia identifica como el principal factor de riesgo: el sexismo.

El sexismo, potenciador de la violencia

Ya sabemos que las manifestaciones sexistas, presentes en los seres humanos (pensamientos, conductas, actitudes) se fundamentan en un porcentaje significativo en el sistema de creencias de las personas.

Y las creencias, los pensamientos, la conceptualización se aprenden a lo largo del proceso de socialización de los seres humanos y en ese proceso, la escuela se presenta como uno de los tres pilares esenciales.

Un sistema educativo que sustente supuestos sexistas potenciará la aparición de comportamientos discriminatorios por razón de género en las relaciones sociales del sujeto y apuntalará el desequilibrio necesario para generar vulnerabilidad de las mujeres a la violencia.

A modo de resumen podríamos decir que el sistema de creencias es el factor clave que explica la aparición de manifestaciones deterministas para ambos géneros. Ese determinismo es la herramienta de discriminación que permite y legitima la utilización de violencias contra las mujeres, por eso la escuela, debe dejar de dar aliento a esa concepción del mundo que determina la vida en función del sexo.

Las políticas públicas han evitado cuestionar el sistema

Las políticas públicas desarrolladas hasta el momento han sido laxas en los aspectos preventivos de la violencia contra las mujeres ya que han emprendido escasas acciones para caucionar el problema.

Las actuaciones han sido muy personalistas y dirigidas exclusivamente a la población afectada. No se ha trabajado sobre las causas en un intento por evitar cuestionar el poder o el sistema de creencias. La mayoría de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento han sido intervenciones orientadas a la persona afectada y se han centrado en la recuperación de las víctimas.

Sólo se ha trabajado con los definidos como grupos de riesgo (el problema aquí es que los grupos de riesgo los define el propio sistema y generalmente tan solo reconoce los casos “socialmente no tolerables”). Se ha ido a las consecuencias y eso implica no cuestionar el sistema sobre el que se sustenta el origen de la violencia.

Las aportaciones de la Ley Integral contra la violencia de género en Educación

Tras la aprobación de la Ley 1/2004 aparecen en un texto legal principios rectores que indican el objetivo de fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana y de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.

En su título 1º capítulo 1 hace referencia a las medidas en el ámbito educativo. El texto describe como uno de los fines del sistema educativo español la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres y como uno de sus principios o fundamentos trabajar para la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres.

En diferentes puntos del artículo 4, se definen las contribuciones que la Educación Infantil, la Primaria, la Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, la Enseñanza para las personas adultas o las Universidades han de implementar para dar cumplimiento a los fines. Todos los puntos hacen referencia a lo mismo escrito de diferente manera, la indicación de que en todos los niveles se incluirá la resolución pacífica de conflictos y el respeto a la igualdad entre sexos… exceptuando el relativo a las universidades que centra su estrategia en el fomento de la formación, docencia e investigación en igualdad de género.

El artículo 4 utiliza 294 palabras para indicarnos que todo el sistema educativo debe contribuir a formar en el respeto a la igualdad y a la resolución pacífica de conflictos. Sin embargo sería importante conocer cuales han de ser las estrategias y contenidos que se proponen y si estos se ciñen a las especificidades de lo que se pretende combatir o se limitan a los aspectos generales que permiten que lo específico se disuelva evitando de nuevo enfrentarse a las violencias de género.

Más concreto y tangible resulta el artículo 5 de la ley que mandata para que las administraciones prevean la escolarización inmediata de hijos e hijas que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género… este aspecto que se encontraba al albur de la administración educativa y que implicaba el que, por ejemplo, centros de acogida a mujeres maltratadas como el de la Asociación de Mujeres Separadas tuviera que negociar sobre la base de buena voluntad con las direcciones de los centros, queda resuelto a través de este artículo. Aunque según nuestro entender es preciso reforzarlo con la disposición de que estas tramitaciones de los expedientes académicos estén sujetas a la confidencialidad como medida de seguridad, ya que los casos a los que se refiere el artículo son los que han llevado a un desplazamiento forzoso como medida de seguridad y éste es uno de los canales de localización más rápido.

El artículo 6 se pronuncia concretando una de las estrategias para el fomento de la igualdad y anima a las administraciones educativas para que cuiden la eliminación de los materiales educativos con estereotipos sexistas o discriminatorios y para que se reconozca el igual valor de hombres y mujeres. Es decir, se refiere concretamente a contenidos dando una pincelada sobre lo que es preciso eliminar y aquello que es necesario poner en valor… pero este trabajo debe ser desarrollado por profesionales que deben estar previamente formados.

La Ley, consciente de este aspecto, prevé en artículo 7 la formación inicial y permanente del profesorado. Esto implica que en los planes de formación inicial y en los cursos de formación permanente del profesorado debe incluirse una formación específica en materia de igualdad, para asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les habiliten para la consecución de los objetivos de este artículo.

Quiero recordar además que la Ley estipula que también deberán estar preparadas/os para la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas. Será sin lugar a dudas uno de los aspectos más controvertidos de la Ley ya que es el único que se refiere específicamente a la necesidad de enseñar al profesorado el manejo de indicadores relacionados con la violencia de género.

La realidad es que hoy en día los y las profesionales de la educación no cuentan en su formación con contenidos de adiestramiento para enfrentar estos objetivos. Esto significa que este artículo 7 se presenta como una clave para un buen desarrollo de las medidas preventivas del sistema educativo.

En este momento las Universidades españolas se encuentran inmersas en el proceso de integración de su sistema en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, y en la elaboración de los Planes y por otro lado en estos momentos se están estudiando nuevas titulaciones. Es aquí desde donde debería incorporarse las materias obligatorias, para todas las titulaciones que formen a los futuros profesionales.

Pero entretanto tenemos un vacío que podemos paliar planificando en los centros universitarios (Escuelas de Magisterio) seminarios permanentes sobre igualdad en razón de género o estudios no cíclicos de postgrado, que especialicen a algunos profesionales del ámbito educativo para su reinversión en las escuelas de infantil y de primaria y en los centros de secundaria.

En general la Ley contra la Violencia de Género plantea un problema cuya solución es exclusivamente a medio plazo y que consiste en el hecho de que contando con una buena batería de medidas no cuenta con personal con especialización para implementarlas.

Este aspecto es común a policía, jueces, trabajadores/as sociales, psicólogos, médicos forenses, etc. En el caso concreto referido a la educación, la estrategia es doblemente compleja ya que a lo largo de la vida escolar todo el profesorado (imparta la materia que imparta) debe conocer y aplicar y estrategias coeducativas.

Nuestra opinión es que siendo esto fundamental, también lo es que a partir de edades donde se inician las relaciones afectivas y sexuales entre adolescentes es preciso una intervención más directa y específica relacionada con mostrarles y ayudarles a identificar comportamientos abusivos o predictores del abuso.

La formación del profesorado, algo esencial

Para que el sistema de prevención funcione son necesarios dos elementos imprescindibles: un conocimiento fiel sobre cómo se produce el fenómeno de la violencia y sobre los elementos que lo potencian (el sexismo) y profesionales adecuadamente formados en la materia.

Para ello el sistema educativo debe adaptar la formación inicial para todo el profesorado y además es preciso crear especialidad.

Sería esencial que tales contenidos figuren en los programas de las pruebas de acceso a los servicios públicos (oposiciones). Y que su especialidad puntúe altamente en los procesos promocionales.

Nuestra posición es clara: es preciso que la escuela incorpore la coeducación como sistema y que a partir de ciertas edades se incluyan unidades o módulos específicos sobre violencia de género. No se podrá entender como prevención de la violencia contra las mujeres el hecho de que nos limitemos a diseñar una intervención puntual de cuatro horas a lo largo de la historia curricular del alumnado.

Los medios de comunicación, claves para la educación

Por otro lado resulta esencial no depositar todas las expectativas en el sistema educativo… Como dice el Feminario de Alicante: “pretender cambiar las normas de conducta, la jerarquización de valores, los sentimientos, etc. Desde la escuela es darle a la institución un valor de motor de la hitoria que en realidad no tiene”. Y, quizás cabría añadir, que cada vez tendrá menos.

La auténtica coeducación está hoy en este orden en manos de los medios de comunicación de masas, de la familia y de la escuela. La Ley Integral contra la Violencia de Género ha hecho una mínima incursión para modificar la inercia de la desigualdad y lo hace en la única estructura donde puede actuar más directamente.

Con las familias y los medios de comunicación las actuaciones son menos imperativas y quedan a la eventualidad de la toma de conciencia o de la autorregulación.

Por otro lado no debemos olvidar que la Ley en materia educativa recoge unas buenas intenciones que enfrentan obstáculos muy concretos en España: si bien es cierto que el Artículo 9 amplía la participación en los Consejos Escolares y aparecerán representados el Instituto de las mujer y las organizaciones de mujeres… no es menos cierto que la complejidad y la actitud de los miembros ya representados no equilibra la situación.

El control del sistema educativo por confesiones religiosas, un factor de riesgo

No podemos perder de vista, por otro lado, que más de la mitad de la estructura del sistema educativo español está en manos de confesiones religiosas. El Consejo Escolar ya ha rechazado la asignatura de educación para la ciudadanía hace apenas unos días.

La aplicación de estos principios que propone la Ley en el sistema educativo enfrenta la oposición activa de la iglesia católica que defiende y establece desde sus aulas modelos androcéntricos que perjudican las expectativas de las mujeres y son un freno cierto a la igualdad.

Es necesario tener presente que la aplicación de estos principios que la ley estipula, no es ajena a un debate sobre la presencia de las religiones en las aulas, y que en estos momentos los aires políticos no soplan dirigidos hacia los intereses de las mujeres al menos en ciertas comunidades autónomas.

Las comunidades autónomas tienen competencia en materia educativa y el caso de Madrid es paradigmático… mientras una ley anima en un sentido, la realidad se concreta en apoyo a los centros que segregan por sexo, limitación de recursos para los centros progresistas y consolidación de organizaciones que realizan actividades extra-escolares en sentido contrario.

Malos tiempos para esta música.

Texto oficial de la Ley Integral contra la Violencia de Género - 565.4 KB

Texto oficial de la Ley Integral contra la Violencia de Género


Por Angeles Alvarez

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