1. Introducción

El software de entretenimiento se está convirtiendo en la oferta de ocio preferida por la población española, especialmente entre adolescentes, sin que el Estado español asuma la responsabilidad que le obliga a garantizar la máxima protección de los derechos de los menores de edad.

Según los datos de ADESE (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento), los videojuegos ocupan ya el 40% del total de consumo de ocio audiovisual en nuestro país (situándose por delante de la taquilla de cine, la música grabada y las películas de vídeo). También según datos de ADESE, relativos a 20052, aunque el mayor porcentaje de consumidores de videojuegos se encuentra entre población adolescente y adulta, se percibe una presencia más intensa que en años anteriores entre niños de 11 a 16 años (el 78% de los niños y niñas entre 11 y 16 años juegan con videojuegos). Este dato se relaciona con las cifras proporcionadas por una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 20063 que confirmaban el crecimiento progresivo durante los últimos años del uso de ordenador por menores de edad entre los 10 y 14 años; la encuesta del INE de 20074 indica que de todos los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años, el 60,4% dispone de algún tipo de ordenador (3,2 puntos más que el año anterior y 8 puntos por encima del porcentaje de 2004). Una tendencia que también se puede relacionar con el hecho de que 9 de los 10 de los videojuegos que vendieron un mayor número de copias5 en 2006 eran clasificados para todos los públicos (con la calificación PEGI 3+, que indica que son aptos para mayores de 3 años de edad).

A pesar de la obligación derivada de las normas internacionales de derechos humanos y derechos de la infancia y adolescencia, el Gobierno español continua apostando por la autorregulación voluntaria de las empresas del sector de los videojuegos, sin establecer normas de ámbito estatal que impidan el acceso de los menores de edad a videojuegos clasificados para adultos o con contenidos que fomentan valores contrarios a los derechos humanos. A lo largo de los informes publicados por Amnistía Internacional desde 1999, la organización ha mostrado su preocupación por esta falta de una legislación específica que garantice el control en el acceso de los y las menores a estos videojuegos en todo el Estado español.

Las preocupaciones que motivaron los dos primeros informes de Amnistía Internacional relativos a videojuegos y que fueron previos a la entrada en vigor del código de autorregulación actualmente en vigor6 respondieron al compromiso de la organización con la eliminación de toda forma tortura y discriminación, y con la promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Aquellos dos primeros informes daban la voz de alarma en torno a la comercialización de videojuegos y juguetes cuyos contenidos aplauden con impunidad la tortura, la discriminación sexual o racial, las matanzas o las ejecuciones, todas ellas prácticas contrarias a los valores que fomentan los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y que, cuando se producen entre adultos, son castigadas por la legislación española.

Informe

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