Como escribió Schnapper (2003), la ciudadanía es la fuente
del vínculo social, y es ejerciendo los derechos y las prácticas
de la ciudadanía como los individuos forman una sociedad.
Esta afirmación, que a ojos de muchos puede parecer una
obviedad, no lo es tanto si analizamos la práctica concreta
que mayoritariamente se desarrolla en nuestras sociedades.
En la cotidianidad se produce una desproporción entre, por
un lado, el ejercicio y la demanda de los derechos de ciudadanía
que nos asisten como individuos y, por otro, las prácticas
de la ciudadanía que se corresponden al ejercicio y al
reconocimiento de las obligaciones que nos incumben como
individuos sociales que somos. Existen numerosos ejemplos
que evidencian que nuestra sociedad viene desarrollando
sólo una parte de ese todo que configura la ciudadanía y olvidando
o menospreciando la otra.
¿Un problema?
¿Hasta qué extremo debemos considerar esta realidad
como un problema grave de nuestra democracia, que resta
calidad y profundidad a la misma? En verdad podemos constatar
que, paralelamente a esta cuestión que podemos definir
como de debilitamiento de la ciudadanía global y plena, se
da también un crecimiento fuerte del individualismo extremo.
Existe una coincidencia muy sólida entre estas dos cuestiones
hasta el extremo que se produce una retroalimentación entre,
por un lado, esa práctica sesgada de la ciudadanía y, por otro,
el individualismo.
Sobre este último hay muchas razones para pensar que el
compromiso colectivo de los ciudadanos, sean hombres o
mujeres, está decreciendo, y con él también las redes y la reciprocidad
social. La democracia corre el riesgo de vaciarse en
su concepción más social para quedar limitada básicamente a
una noción de diseño institucional, excesivamente formal y
procedimental, alejada de cualquier intencionalidad normativa
que permita conducir a la mejora del individuo y por agregación
de los mismos a la transformación social, y que lo único
relevante de la democracia pase a ser que formalmente, es
decir, sobre el papel, y simplificando mucho, los criterios de
elección respondan a la más elemental norma democrática
de una persona, un voto.
Es cierto que algunos autores clásicos, y pienso en Alexis
de Tocqueville, ya intuyeron que el desarrollo pleno de las
formas democráticas comportaría un individualismo creciente.
Si se quiere, ésta es una de las grandes paradojas de la
democracia. Lamentablemente, durante el transcurso de los
tiempos ha demostrado ser cierta la sospecha apuntada por
este escritor, según la cual, a medida que las condiciones de
los individuos se igualasen, probablemente resultado de la
acción de la democracia, el individualismo se desarrollaría. Numerosos
estudios sociológicos ponen en evidencia la vigencia
de la fórmula, por la cual, a más igualdad entre nosotros, mayor
distancia se tiende a generar con nuestros conciudadanos,
un peligro que también intuyó Tocqueville en su celebrada
obra La democracia en América. Todo esto sin evitar
que muchas veces esa igualdad sea sólo el resultado de una
imagen no contrastada, de una percepción no coincidente
con datos objetivos.
Probablemente, para ser más justos con el desarrollo de
nuestra historia, y menos severos con algunas de las consecuencias
no deseadas de la práctica democrática liberal, podríamos
complementar la afirmación que expuso Tocqueville con
la hipótesis de que el desincentivo para la acción colectiva y
esa mayor distancia que parece que nos separa de nuestros
contemporáneos no provienen sólo del funcionamiento de la
democracia, sino más específicamente del mayor bienestar
material con el que las sociedades postindustriales se desarrollan.
Sea como sea, bienestar y democracia, o si se prefiere
opulencia y democracia, han ido de la mano en la mayoría de
las sociedades postindustriales, como la nuestra.
Nuestras sociedades muestran, en términos generales, esa
satisfacción sobre sí mismas que les impide desarrollar eso
que algunos autores califican como capital social o las desincentiva
a la hora de conseguirlo. Para evitar dar grandilocuencia
a determinados conceptos, como es el de capital
social, y en un intento de aproximarlo a nuestra rutina, podemos
afirmar que el capital social es un conjunto amplio de
cuestiones y situaciones tan dispares, y a la vez tan relacionadas
entre ellas, como la capacidad de organizar fiestas
mayores, la decisión de crear o mantener una relación asociativa
para la consecución de un determinado fin, la capacidad
de compartir la búsqueda de un bien común o la supeditación
de la maximización del beneficio individual a la consecución
de un beneficio colectivo, la alimentación de las
redes asociativas y relacionales, entre otras.
El resurgir del compromiso cívico
Hay autores, como es el caso del sociólogo Robert D.
Putnam, que han llegado a afirmar que el mantenimiento y la
creación de capital social vendrían facilitados por acontecimientos
y situaciones de un gran impacto social que tuvieran
la capacidad de galvanizar a la misma, del estilo de lo que él
denomina “una crisis nacional palpable”. A mi juicio, la cuestión
que nos debe preocupar es cómo crear las condiciones
para un resurgimiento del compromiso cívico sin tener necesidad
de esa crisis nacional a la que apela Putnam. El reto que
se nos plantea es cómo subsanar el deterioro creciente de las
prácticas cívicas y cómo impulsar esa revinculación entre lo
individual y lo colectivo.
Con toda seguridad, existen muchos caminos que nos pueden
conducir a esa misma meta; la dificultad radica en descubrirlos.
En cualquier caso, hay que reconocer que esta tarea
incumbe a muchas personas de distintas generaciones y de
distintos ámbitos. El capital social, como su nombre indica, es
patrimonio del conjunto de la sociedad. De aquí se deben desprender
dos ideas. La primera es que la importancia de disponer
de fondos o de activos suficientes de ese capital social
atañe a toda la sociedad; es una responsabilidad que no debe
ni ser asignada ni patrimonializada por ningún colectivo social
o profesional específico. La segunda es que cualquier acción
que alimente la creación de capital social será necesaria pero,
al mismo tiempo y con toda seguridad, será insuficiente. Es
decir, de aquí se desprende que en la creación de programas
y actuaciones que vayan encaminados a acrecentar el capital
social hay y habrá que tener una gran modestia.
Dicho esto podemos dar un paso más y abordar una de las
cuestiones que más nos debería preocupar: ¿qué hacer para alimentar
y promover el capital social? Probablemente lo primero
es recuperar el pensamiento de muchos de los que nos han
precedido en el tiempo y volver a reflexionar acerca de sus disquisiciones
sobre cómo cultivar esa virtud cívica, o si se prefiere
civismo, que está en la base de cualquier compromiso cívico,
si se me permite la redundancia. En ese ámbito de reflexión, la
educación, especialmente de la juventud, aparece como un instrumento
especialmente oportuno. Hay que advertir, sin embargo,
que promover el compromiso cívico entre los más jóvenes
no nos debe llevar a pensar que es la juventud actual la responsable
del declive del capital social. Ellos no hacen más que
recoger una decadencia colectiva en lo que al compromiso
social se refiere, que con seguridad los precede. Hay que evitar,
por injusto y por no ser apropiado a la realidad, atribuir responsabilidades
a la juventud sobre esta cuestión, ya que todo
apunta a que son las generaciones inmediatamente anteriores
es decir, los padres de los actuales jóvenes- las que, de existir
alguna responsabilidad atribuible al declive del capital social,
deberían asumir una parte importante de la misma.
En lo que se refiere al cultivo de esa virtud cívica, o si se
prefiere decirlo con términos menos pomposos, en todo lo
que se refiere a la educación cívica, lo clásico, lo tradicional,
en el sentido de recuperar el papel de la escuela en ese empeño,
vuelve a tener vigencia y sentido. No se trata de desempolvar
viejos manuales doctrinarios de la moral que, más
que de virtudes cívicas, nos hablaban de urbanidad, pero sí de
sacar provecho de la posición central que la escuela ocupa,
aunque muchas veces no se lo reconozcamos, en nuestras ciudades
y, en general, en nuestra sociedad.
La acción educativa debe asumir que si en general la relación
de la escuela con su entorno socio-espacial más inmediato
es una necesidad para mejorar el éxito de la misma institución
escolar, hacerlo cuando hablamos de promover la
educación para la ciudadanía es una obligación. No se trata
de cultivar los valores de ciudadanía desde la escuela o desde
otros espacios educativos sólo con el discurso, la teoría y
la reflexión deliberativa. Afortunadamente hay experiencias
que nos indican que nada más oportuno que programas educativos
que tengan como criterio situar en el epicentro de los
mismos la acción de servicio.
Como distintos estudios ponen al descubierto, los programas
cuyo resultado tiene la capacidad de activar los nervios
cívicos de los protagonistas son mucho más eficaces que aquellos
que sólo pretenden cultivar el espíritu cívico de los destinatarios.
Probablemente de lo que se trata es de abordar la
educación para la ciudadanía entre los jóvenes haciendo que
ellos sean los protagonistas y no los destinatarios. Los esfuerzos
para acrecentar el capital social a través de la participación
en acciones que fomenten el conocimiento de redes sociales
no pueden, ciertamente, limitarse a una actuación escolar, por
más central que la escuela sea en nuestra comunidad. Pero eso
no puede ser interpretado como una excusa para no implicar
a la escuela en ese objetivo. Es cierto que la escuela no puede
ser la institución receptora de todas las demandas que nuestra
sociedad produce en referencia a la educación de nuestros
hijos e hijas. Pero si hay un elemento, el único, al que la escuela
no debería renunciar nunca, éste es el de la creación de futuros
ciudadanos. Por eso la escuela debe asumir, y si es necesario
a costa de otros objetivos, programas que busquen la
educación para la ciudadanía.
Hay otros motivos para defender esta posición. Uno de
ellos es que podemos incluso afirmar que cuando estos programas
educativos focalizados sobre la acción de servicio
comunitario se incardinan en una programación escolar y/o
educativa más general, el resultado de los mismos mejora
enormemente. La solución de continuidad y la regularidad de
estos programas parecen ser factores que nos ayudan a explicar
el éxito de los mismos.
Es evidente que el diseño de estos programas debería efectuarse
con las máximas condiciones de calidad. Esto requiere
con toda probabilidad una contribución externa a la escuela y
a las instituciones educativas que los impulsen. Una aportación
que permita fijar unas coordenadas claras para que, con
el imprescindible margen de autonomía que la educación de
proximidad requiere por parte de cada centro, estos programas
no se conviertan en una carga insoportable para los profesionales.
Es una cuestión de economías de escala en el evidente
esfuerzo que hay que hacer para que estos programas
consigan la compenetración entre el servicio comunitario y el
aprendizaje. Pero también es una medida razonable, ya que
no se pueden esperar de los maestros y profesores conocimientos
específicos sobre estos programas.
Quizás a algunos les parezca excesivo esperar que los programas
de aprendizaje-servicio (APS) aporten a los protagonistas
una mejora del conocimiento en un sentido curricular,
incrementen el interés de los mismos en la adquisición de la
responsabilidad social, sean fuente de corresponsabilidad y
confianza con los conciudadanos y finalmente permitan adquirir
a sus protagonistas habilidades necesarias para la participación
social eficaz, es decir, una participación que logre
sus objetivos.
La experiencia que estos programas nos ofrecen de su desarrollo
en otros países (Estados Unidos, Argentina, Alemania,
etc.) debería ser tenida en consideración. Aprender de los que
ya han recorrido una senda similar a la que ahora nos proponemos
emprender aquí, siempre puede ser positivo. Lógicamente
nada puede ser idéntico y todo debe adaptarse a la realidad
más inmediata. Esto sirve no sólo para evitar traslaciones
mecánicas de otros países al nuestro, sino también para prevenir
de nuevos dogmas sobre el aprendizaje-servicio que
alguien podría tener la tentación que se conviertan en criterios
de obligado cumplimiento en nuestras instituciones educativas
sin dejar márgenes importantes a su adaptabilidad a cada una
de las circunstancias que determinan y hacen singular cada institución
educativa, cada centro escolar.
Conseguir que la ciudadanía sea una fuente del vínculo social
y que se ejerciten los derechos y las prácticas de la ciudadanía
de una manera generalizada es un reto importante.
Hacer que se produzca un resurgimiento de la dimensión comunitaria
de nuestras sociedades es un objetivo irrenunciable.
El APS puede, modestamente, ser un instrumento para
lograrlo. Una herramienta muy útil en la educación para la
ciudadanía.
Saber más
Schnapper, Dominique (2003): Què és la ciutadania? Els drets i
deures de la convivència cívica. Barcelona: La Campana.
